Financiamiento de Infraestructura por el Sector Privado

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Resultados sobre el terreno

La magnitud y el alcance de los cambios que afectan hoy día a  los servicios de infraestructura en muchos países se manifiestan  en los cinco ejemplos siguientes: 

• En 1996, una compañía de seguros con sede en  Estados Unidos, Prudential Power, suscribió uno de los  primeros préstamos otorgados por un asegurador para  un proyecto de infraestructura del sector privado en un  país en desarrollo. El préstamo a 16 años, de US$40  millones, se concedió en el marco del programa global  de préstamos de consorcios de la CFI para un proyecto  sin clasificar totalmente nuevo: la central eléctrica de  Sual en Filipinas, por un monto de US$1.400 millones.
  
• En agosto de 1994, el Gobierno de Côte d'Ivoire  suscribió un acuerdo a 19 años para la compra de  electricidad al primer proyecto de producción privada  de energía de Africa al sur del Sahara. La operación de  financiamiento se cerró cinco meses después. La central  de 100 MW ya estaba produciendo electricidad en abril  de 1995, y en los seis primeros meses de  funcionamiento se alcanzó un nivel de disponibilidad del  83% frente al 80% establecido como meta.  
  
• En 1993, la CFI contribuyó a financiar una central  eléctrica estructurada en forma innovadora para reducir  el riesgo país: los generadores de la primera central  eléctrica privada de Guatemala estaban instalados en  una barcaza que podía ser remolcada y retirada en caso  de incumplimiento de los pagos. El efecto de  demostración no se hizo esperar: en 1996, la mayoría  de los demás países de América Central ya contaban  con centrales eléctricas independientes. 
  
• En 1993, en el programa de privatización del 30% de la  participación estatal en la empresa de  telecomunicaciones de Hungría, el gobierno estipuló que  se ampliara la red en un 15% anual para alcanzar la cifra  de 35 líneas por cada 100 habitantes en el año 2002.  La empresa está invirtiendo rápidamente para cumplir  este objetivo: sólo en 1995-96 se han invertido casi  US$1.000 millones. En diciembre de 1995, el Estado  vendió otro 37% a inversionistas estratégicos por un  monto de US$852 millones. La privatización de la  infraestructura explica en parte por qué en Hungría la  inversión extranjera directa per cápita ascendió a más  de diez veces el promedio registrado en Europa central  y oriental en 1990-94. 
  
• En 1993, la concesión para la gestión de los servicios  de abastecimiento de agua y alcantarillado para seis  millones de personas en Buenos Aires se adjudicó sobre  la base de una reducción de las tarifas del 27%. En un  plazo de dos años, se instalaron 400.000 nuevas  conexiones para abastecimiento de agua y 250.000  para alcantarillado (la mayoría en zonas de ingreso  bajo), mejoró la calidad del agua potable, el tiempo  medio de espera para las reparaciones se redujo de 180  a 48 horas, y por primera vez en 15 años, la población  de Buenos Aires pasó un verano sin escasez de agua. 

Hace diez años, las posibilidades de llevar a la práctica  cualquiera de estos proyectos habrían sido remotas. Hoy día,  son cada vez más los países que están adoptando un enfoque  de competencia y participación privada en la provisión de  infraestructura. La CFI ha contribuido a financiar muchos de  estos proyectos innovadores; hasta junio de 1996, la  Corporación había aprobado financiamiento por un monto de  US$3.100 millones para 148 proyectos valorados en  US$29.000 millones en cuarenta países. El presente informe  complementa un documento publicado en septiembre de 1994  1 y permite actualizar algunas enseñanzas que se desprenden  de la labor de la CFI en materia de financiamiento y asesoría  en el campo de la participación privada en la provisión de  infraestructura. 

Aspectos positivos

Al analizar la experiencia reciente en materia de financiamiento  de infraestructura por el sector privado en los países en  desarrollo se observan tres tendencias positivas: 

• Mayor volumen y mayor número de países y  subsectores. Según estimaciones, el financiamiento total  de nuevos proyectos de infraestructura del sector  privado en los países en desarrollo se duplicó entre  1993 y 1995, pasando de unos US$17.000 millones a  más de US$35.000 millones. En los dos años  transcurridos hasta junio de 1996, la CFI financió sus  primeros en Bangladesh, China, Côte d'Ivoire,  Honduras, Jordania, Letonia, Panamá, República  Dominicana, Tanzanía, Uruguay y Vietnam, entre otros  países. Por sectores, cabe mencionar entre otros  proyectos que se realizaron por primera vez, la  construcción de un aeropuerto, un proyecto de  transporte colectivo y varias autopistas de peaje.  
  
• Aumento de las privatizaciones de activos existentes. En  1994, último año para el que se dispone de cifras, los  gobiernos vendieron infraestructura por valor de  US$10.100 millones en 75 empresas de 30 países.  
  
• Nuevas fuentes de financiamiento. Las compañías de  seguros están empezando a financiar proyectos de  infraestructura con participación privada en los países en  desarrollo. Por su parte, los organismos oficiales de  financiamiento, incluidos los que otorgan crédito a la  exportación, han puesto en marcha programas para  ofrecer recursos financieros o garantías para los  proyectos de infraestructura del sector privado. En los  dos o tres últimos años ha aumentado también el  financiamiento de los bancos comerciales a medida que  éstos se han ido familiarizando con este tipo de  proyectos; un indicador en este sentido es la expansión  del programa de préstamos mediante consorcios de la  CFI. Asimismo, se observa un aumento del  financiamiento local en algunos países, aunque a un  ritmo lento y partiendo de una base limitada. Además,  están surgiendo algunas empresas locales de  dimensiones considerables que están empezando a  invertir grandes sumas. 

Los progresos son desiguales

Gran parte de la actividad sigue concentrándose en unos  pocos países y en los sectores de energía eléctrica y  telecomunicaciones. Por ejemplo, en 1993 sólo nueve países  (Argentina, Colombia, Filipinas, Hungría, India, Malasia,  México, Pakistán y Tailandia) absorbieron el 99% de los  préstamos internacionales con destino a infraestructuras del  sector privado. En 1995, esos mismos países, junto con  Indonesia y Turquía, concentraron el 97% del total. Hasta la  fecha, sólo 10 ó 15 países han avanzado significativamente en  sus programas de privatización y de reestructuración con  criterios de mercado. Un mayor número de países han  comenzado a liberalizar los servicios de infraestructura, pero  hasta ahora, los avances han sido limitados. Entre tanto, cabe  preguntarse por qué en algunos países apenas si se empieza a  hablar de los proyectos de infraestructura con participación  privada. El motivo es que gestionar el acceso del sector  privado a los proyectos de infraestructura es un proceso  complejo con fuertes repercusiones políticas. Además, el costo  político puede producirse inmediatamente, mientras que las  ventajas económicas de la liberalización de la infraestructura  suelen manifestarse con un desfase. La desigualdad con que se  ha progresado en esta materia es un indicador de los distintos  grados en que los gobiernos han logrado vencer estos  obstáculos políticos. 

Los proyectos de infraestructura del sector privado se  diferencian de muchas otras inversiones privadas en que el  gobierno participa intensamente como regulador, comprador o  proveedor. Por consiguiente, tiene que contribuir a configurar  condiciones propicias para que las transacciones puedan  llevarse a feliz término. A tal efecto, se adopta una gran  variedad de enfoques que ofrecen oportunidades a los  proveedores, pero que también entrañan algunos riesgos. A  veces, los problemas se producen por la relativa falta de  experiencia de las partes implicadas. Puede ocurrir que el  gobierno tenga expectativas poco realistas o que no gestione  como es debido el difícil proceso de adjudicación de las  concesiones. Cualquier retraso en asegurar el compromiso del  gobierno puede impedir que las transacciones financieras  concluyan satisfactoriamente. También es posible que, una vez  cerrada la transacción, el gobierno, por presiones políticas,  decida revocar las concesiones, no ajuste las tarifas o limite el  acceso a las divisas. Por consiguiente, la gestión del riesgo en  este tipo de proyectos de infraestructura tiene dimensiones  tanto técnicas como políticas; incluso los proyectos bien  estructurados pueden fracasar si falta el compromiso del  gobierno. La importancia del compromiso político es de tal  magnitud que los resultados varían enormemente de un país a  otro y a lo largo del tiempo. 

El éxito de las transacciones contribuye a la evolución de  las medidas de política 

El nivel de compromiso político diferencia a los países de  vanguardia en este tipo de proyectos de todos los demás. No  obstante, para que cuenten con un amplio respaldo, los  cambios en las medidas de política han de traducirse en nuevas  inversiones y en una mejora de los servicios. La experiencia de  la CFI indica que los proyectos bien estructurados, que se  ejecutan con transparencia, consiguen el respaldo necesario a  nivel local para profundizar en el proceso de liberalización.  Muchos países en los que se financiaron hace dos o tres años  los primeros proyectos de infraestructura de este tipo han  liberalizado aún más, desde entonces, los servicios del sector. 

Experiencia reciente de la CFI

En los dos años transcurridos hasta junio de 1996, la Junta de  Directores aprobó financiamiento por un monto aproximado  de US$1.500 millones para 64 proyectos por un valor de  US$13.800 millones. Sólo en Argentina se aprobaron 15  proyectos, lo que demuestra el alcance del programa de  liberalización y privatización de la infraestructura que ha puesto  en marcha el país. Destacan, asimismo, cinco proyectos del  sector de la energía eléctrica aprobados en Pakistán, reflejo  igualmente de la solidez de las políticas; una concesión para  abastecimiento de agua y alcantarillado en Brasil; un proyecto  ferroviario en Chile; redes regionales básicas de  telecomunicaciones en Bangladesh e Indonesia; redes de  comunicación celulares en Jordania y Bolivia, y puertos en  Panamá, Vietnam y China.

En el marco de estos proyectos, la labor de asesoría a los  gobiernos en materia de privatizaciones ha registrado una  fuerte expansión. Entre los ejercicios 1993 y 1995, la CFI  inició nueve misiones de asesoría para proyectos  independientes de infraestructura con participación del sector  privado; en el ejercicio 1996, se firmaron otros ocho  contratos. En medida creciente, el trabajo se ha centrado en  las transacciones más delicadas desde el punto de vista  político, en las que más valor se atribuye a la neutralidad de la  CFI como parte del Grupo del Banco Mundial. Recientemente  se han suscrito varios contratos en el sector de abastecimiento  de agua (Filipinas, Gabón e India) y en países en los que se  percibe un alto nivel de riesgo (Haití, Kenya, Ecuador y  Uganda). La Corporación ha brindado también asesoramiento  en cuestiones de política más generales, a menudo  conjuntamente con el Banco Mundial o el Servicio de Asesoría  sobre Inversión Extranjera (FIAS). Este Servicio ha  patrocinado varias mesas redondas para facilitar el diálogo  entre inversionistas y autoridades económicas con respecto a  los obstáculos que las medidas de política y la reglamentación  representan para la infraestructura privada. En 1996, se  celebraron mesas redondas en Europa central y oriental y en  Africa meridional y oriental.

Experiencia en países de ingreso bajo y elevado  nivel de riesgo

Países de ingreso bajo

Más del 60% de los proyectos de infraestructura con  participación privada aprobados por la CFI corresponden a  países de ingreso bajo o ingreso mediano bajo. Se han  financiado 35 proyectos, por un valor de US$6.000 millones,  en Côte d'Ivoire, Tanzanía, Uganda, Zaire, Zimbabwe,  Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam  y Honduras. 

Riesgo país

El financiamiento de los proyectos de infraestructura con  participación del sector privado es una tarea difícil -pero no  imposible- en los países en que los inversionistas consideran  arriesgado invertir. Más de un 25% de las aprobaciones de la  CFI corresponden a países que tienen poco acceso al capital  privado internacional, como Honduras, Letonia, Tanzanía,  República Dominicana, Panamá y Côte d'Ivoire. Los  inversionistas se han concentrado en proyectos con períodos  cortos de reembolso (telefonía celular), que generan ingresos  en divisas (puertos), o que cuentan con un sólido respaldo de  patrocinadores o del gobierno (por ejemplo, algunas centrales  eléctricas). 

Resultados de los proyectos 

A principios de 1996, 48 proyectos financiados por la CFI  habían concluido la fase de construcción y estaban empezando  a funcionar. Aunque la muestra es aún pequeña y nueva (sobre  todo en el contexto de los acuerdos suscritos por plazos de 15  a 30 años, comunes a este tipo de proyectos), los resultados  indican que los proyectos de infraestructura con participación  privada son eficientes tanto desde el punto de vista operativo  como en lo que respecta a la calidad de la construcción: 

• Construcción. Por término medio, los proyectos  resultaron un 3% más baratos de lo presupuestado y se  retrasaron cinco meses (22% del plazo de construcción  previsto). Aunque no son directamente comparables, se  observó que en una muestra mucho más amplia de  proyectos de infraestructura financiados por el sector  público, el exceso de costo con respecto al presupuesto  fue del 10% al 23%, y el retraso del 54% al 68%.  
  
• Optimo funcionamiento operativo desde el  comienzo. Por ejemplo, varios proyectos de energía  eléctrica han sobrepasado los niveles de rendimiento  establecidos como meta en los contratos respectivos.  
  
• Un ejemplo positivo. A los proyectos de este tipo que  ha financiado con éxito la CFI ha seguido en la mayoría  de los casos una intensificación de la política de  privatizaciones y desregulación, de lo que se desprende  que dichos proyectos están a la altura de lo que los  consumidores y el gobierno esperan de ellos. Estos  «efectos de demostración» se están observando en una  amplia gama de países y sectores.  
  
• Posibilidad de que los proyectos no lleguen a feliz  término. Varios proyectos se han visto afectados por  acontecimientos imprevistos, pero si se combinan  adecuadamente algunos factores -estructuración  eficiente del proyecto, ajustes por parte de los  inversionistas y flexibilidad por parte de los prestamistas  y el gobierno- lo normal es que casi todos los proyectos  se mantengan en funcionamiento. No obstante, en dos  casos se impugnó la concesión y el gobierno está  pagando sus obligaciones en otro proyecto. Los  resultados financieros de la cartera de proyectos de este  tipo de la CFI han sido satisfactorios. 

Cierre de las operaciones financieras

Es importante lograr el cierre de las operaciones financieras  porque ello permite que las inversiones sigan su curso y  estimula la adopción de nuevos cambios de política. De la  experiencia de la CFI se desprende que: 

• Cada vez son más los proyectos que se suscriben,  pero el tiempo que se tarda en cerrar la operación  varía bastante. Aunque por término medio el plazo de  cierre se redujo de 17 meses en el ejercicio de 1994 a  11 meses en el de 1996, estas cifras ocultan grandes  disparidades a nivel de los proyectos. Incluso han  quedado sin cerrar algunos proyectos destacados.  
  
• Distintos ritmos. El cierre ha sido más rápido en los  proyectos más pequeños, en los países que ya tenían  experiencia en este tipo de proyectos o en los que había  un decidido compromiso político, en los proyectos que  contaban con el sólido respaldo de patrocinadores con  experiencia, y en los que generaban ingresos en divisas.  
  
• Se han producido retrasos como consecuencia de las  dificultades en la asignación del riesgo entre los  distintos participantes en los proyectos. El problema  ha tardado más tiempo en resolverse en varios casos:  cuando los inversionistas, los prestamistas o las  autoridades carecían de experiencia; cuando los  cambios políticos han afectado al compromiso del  gobierno; cuando los intereses contrarios al proyecto  fueron más fuertes de lo previsto, o cuando participaron  en el proyecto compradores o proveedores que no eran  solventes. 

Mejorar el marco de las políticas

No existe un modelo básico para mejorar los servicios de  infraestructura. Las distintas opciones en lo que se refiere a los  proyectos con participación privada, se definen por el alcance  del compromiso político, la fuerza de los grupos opositores y  el interés de los inversionistas. Si la transacción se lleva a feliz  término en una etapa temprana, se puede crear una dinámica  positiva en virtud de la cual aumentan el interés de los  inversionistas, el respaldo de los consumidores y las medidas  de liberalización por parte del gobierno. Para que puedan  realizarse transacciones sostenibles, es necesario que el marco  en el que se inscriben las medidas de política satisfaga los  intereses del gobierno (como representante de la ciudadanía),  de los patrocinadores y de los prestamistas. 

De la experiencia de la CFI se desprende que es más probable  que el acceso del sector privado se realice con éxito y sea  viable a largo plazo si el gobierno recurre a asesores expertos  e imparciales, y si las transacciones son transparentes. Esta  transparencia conlleva: 

Claridad. Los gobiernos que adoptan procedimientos  claros para adjudicar y operar las concesiones tienen  más probabilidades de obtener una respuesta firme de  los inversionistas. Un buen ejemplo en este sentido es el  marco de la política en que se inscriben los proyectos  de generación de electricidad en Pakistán.   Previsibilidad. Es importante que las autoridades  pongan en práctica sus compromisos en forma  previsible. En este sentido, podrían, por ejemplo, ajustar  las tarifas, cumplir sus compromisos en relación con el  abastecimiento de combustible o adquirir tierras.   Competitividad. Es necesario que los elementos  fundamentales de los proyectos puedan someterse con  éxito al escrutinio del público. Este principio es aplicable  no sólo al momento de la transacción, sino también a  más largo plazo. Pero, al mismo tiempo, las autoridades  deben estar conscientes de que los patrocinadores de  los primeros proyectos pueden exigir una compensación  por los costos y los riesgos que entraña ser los  pioneros. 

No siempre es necesario (o posible) que existan marcos  reglamentarios plenamente operativos ni que se recurra a  procedimientos de licitación internacional, sobre todo en las  primeras etapas de promoción de los proyectos de  infraestructura con participación privada. En determinadas  circunstancias -el primer proyecto en un país con riesgo más  elevado, o un proyecto pequeño de carácter urgente o en el  que el conocimiento del mercado es limitado- puede ser  apropiado realizar directamente las negociaciones. La CFI ha  financiado varios proyectos de esta naturaleza. 

Lo normal es que en los acuerdos a largo plazo se produzcan  acontecimientos imprevistos o cambien las circunstancias.  Aunque todavía es demasiado pronto para extraer  conclusiones de la experiencia acumulada, quizás sea  importante incluir mecanismos tales como procedimientos para  la solución de controversias en los contratos o procedimientos  normativos de apelación para ayudar a los patrocinadores, a  los gobiernos y a los prestamistas a mantener la viabilidad de  los contratos durante períodos extensos. 

Estructuras de financiamiento

En la presente muestra actualizada se mantienen prácticamente  invariables dos parámetros de la estructura de financiamiento  identificados en el informe de 1994 de la CFI sobre proyectos  de infraestructura: 

Un coeficiente medio de endeudamiento de 58:42  indica que se está comprometiendo un volumen  significativo de capital para atraer deuda, o que los  prestamistas se están asegurando de que el nivel de  endeudamiento de los proyectos no sea excesivo. En los  proyectos en que el riesgo del mercado no es un factor  importante, como los proyectos de generación de  electricidad respaldados por acuerdos de compra de  energía, el coeficiente de endeudamiento suele ser más  alto.

Alrededor de las dos terceras partes de los costos del  proyecto se financian con recursos provenientes de  fuentes extranjeras. ¿Por qué no se reduce esta  proporción, habida cuenta del aumento del  financiamiento local en algunos países? Sencillamente,  porque la CFI sigue financiando proyectos en países de  riesgo, en los que el acceso al financiamiento interno a  largo plazo suele ser muy limitado y se recurre más al  financiamiento externo. 

Gestión del riesgo en los proyectos

En los proyectos de infraestructura, la eficiente reducción y  asignación del riesgo son factores esenciales para cerrar las  operaciones financieras y proporcionar los incentivos  apropiados durante las etapas de construcción y operación. El  riesgo se asigna eficientemente cuando lo asume la parte más  capacitada para gestionarlo. Pese a que algunos riesgos no se  asignen conforme a este principio, los proyectos pueden seguir  siendo financiables, pero los costos -y, en última instancia, las  tarifas- serán más altos. Los patrocinadores y los prestamistas  esperan recompensas mayores por asumir riesgos más altos. 

La movilización de deuda depende sobre todo de que se  cuente con los mecanismos adecuados de control del riesgo.  Cuando más de la mitad de los costos de un proyecto se  financian con deuda en situación de riesgo, el proceso de  cierre de la operación financiera puede verse frenado si no se  cumplen los requisitos de los prestamistas con respecto a la  reducción del riesgo. 

Hasta ahora, el financiamiento de los proyectos ha sido un  terreno bastante especializado. Para que los proyectos de  infraestructura con participación privada sigan aumentando, es  preciso que un mayor número de funcionarios de gobierno,  inversionistas y prestamistas se familiaricen con las técnicas de  reducción y gestión del riesgo aplicadas en los proyectos que  se han llevado a feliz término. 

El enfoque aplicado por la CFI en la gestión del riesgo  ambiental ha evolucionado en los dos últimos años para dar  más transparencia y aumentar las actividades de consulta en las  evaluaciones ambientales. La experiencia de la Corporación  indica que muchos patrocinadores de proyectos de  infraestructura con patrocinación privada, y quienes los  financian, consideran que desde el punto de vista comercial  tiene mucho sentido una acertada ordenación ambiental. 

Conclusiones y perspectivas

La experiencia acumulada por la CFI hasta la fecha permite  extraer algunas conclusiones: 

El desigual ritmo de crecimiento de la infraestructura  privada en los países en desarrollo es consecuencia de  las diferencias en el nivel de compromiso político con las  medidas de liberalización del sector. Las oportunidades  de inversión bien estructuradas han atraído  financiamiento privado.

El acceso y la competencia del sector privado en el  campo de la infraestructura están produciendo  beneficios importantes tanto en la construcción como en  la eficiencia operativa.

No existe un enfoque único para los proyectos de  infraestructura con participación del sector privado,  aunque en general los beneficios económicos aumentan  cuanto mayores son el volumen de activos que controla  el sector privado y la competencia. A la hora de aplicar  un enfoque, las opciones dependen de la solvencia del  país, el grado de compromiso político y el interés de los  inversionistas. No obstante, es más fácil que las  transacciones culminen con el cierre de la operación  financiera y sean viables a largo plazo cuando son  transparentes en el sentido más amplio del término, es  decir, son claras, previsibles y competitivas.   Los proyectos de infraestructura con participación del  sector privado, cuando están bien estructurados,  pueden financiarse en países de ingreso bajo o de alto  riesgo, o incluso en los que se combinan ambos  factores. Algunos proyectos son más fáciles de financiar  en esas circunstancias: los proyectos más pequeños, los  proyectos en los que el riesgo de mercado no es  importante, los que cuentan con el sólido respaldo de  patrocinadores y del gobierno, y los que generan  ingresos en divisas.

A menudo existe una correlación entre las transacciones  financiadas y los cambios en las políticas que se  producen posteriormente. Estos efectos de  demostración tienen lugar dentro de los propios países y  entre unos y otros.

Aunque todavía es pronto para extraer conclusiones, la  mayoría de los proyectos operativos no se han visto  amenazados por graves riesgos no comerciales.   Hay algunos indicios de que está aumentando el  financiamiento local; sin embargo, la muestra analizada  por la CFI parece indicar que más de la mitad de los  costos de los proyectos en los países en desarrollo sigue  financiándose con recursos externos. 

Es muy probable que se produzcan varios cambios  fundamentales en los servicios de infraestructura, sobre todo  en los países que más han avanzado en los procesos de  liberalización y privatización. Muchos de los proyectos que se  están financiando en la actualidad reflejan la situación  transitoria en que se hallan algunos sectores de infraestructura  que han sido parcialmente reformados. Lo más probable es  que sean muy distintos del tipo de inversión que se realizará  cuando se hayan concluido las reformas. Se destacan sobre  todo tres tendencias: 

Competencia más intensa dentro de los mercados de  infraestructura. Es algo que ya se ha producido en  los servicios de transporte y telecomunicaciones, y  que se está propagando rápidamente a otros  sectores como el de la energía eléctrica. Los  mercados de infraestructura competitivos pueden  adoptar muchas formas, pero es muy probable que  tengan en común varias características. En primer lugar,  habrá una clara separación de las funciones de  reglamentación y operación. Segundo, los  patrocinadores de los proyectos serán cada vez más los  que estén dispuestos a asumir tanto la ejecución como el  riesgo de mercado. Tercero, los gobiernos que  expongan a los inversionistas a los riesgos del mercado  se verán presionados para reformar los mercados que  abastecen a esos proyectos, por ejemplo, los  monopolios estatales de abastecimiento de combustible.  Por último, es probable que los inversionistas nacionales  desempeñen un papel más destacado en las inversiones  que el que tienen actualmente.

Aumentará el número de proyectos a nivel  subnacional. Si se acelera la privatización de los  sectores de transporte, abastecimiento de agua y  eliminación de residuos, habrá que garantizar la  solvencia de los gobiernos municipales y provinciales.  Para alcanzar este objetivo, será necesario en última  instancia reformar las finanzas locales. Entre tanto, quizá  haya margen de maniobra para diseñar programas de  refuerzo del crédito y de distribución del riesgo en las  regiones y proyectos más atractivos.

Es probable que el ahorro interno desempeñe un  papel más destacado en el financiamiento de los  proyectos de infraestructura del sector privado. El  desarrollo de la capacidad nacional para gestionar y  financiar este tipo de proyectos, y participar en ellos, es  un elemento importante para que dichos proyectos  cuenten con un respaldo más amplio, para aumentar los  recursos comunes y atenuar el riesgo cambiario. En los  países industriales -y cada vez más en los países en  desarrollo más maduros que han introducido reformas-  una de las principales fuentes de financiamiento de la  inversión es el flujo de caja de las propias empresas de  servicios, pero el financiamiento adicional tendrá que  provenir de los mercados nacionales de capital. Para  ello se necesitarán un vigoroso marco macroeconómico  y una sólida infraestructura financiera, así como  oportunidades de inversión que resulten atractivas.

1. Financing Private Infrastructure Projects: Emerging Trends  from IFC's Experience, documento de trabajo No. 23 de la  CFI(1994).