Por Vanessa Bauza, oficial de comunicaciones
COYLLURQUI, Perú —La granja familiar de Urbano Rodríguez se encuentra encumbrada en lo alto de los Andes peruanos, rodeada de terrazas de trigo, maíz y papa desde donde se vislumbran montañas onduladas que se pierden en el horizonte. Ganarse la vida entre estas mesetas y picos rocosos a 3,800 metros sobre el nivel del mar es una prueba diaria de tenacidad.
Rodríguez y su esposa, Griselda Letona, despiertan antes del amanecer para labrar en su parcela de dos hectáreas mientras sus animales pastan en los alrededores. Algunos días hay tanto por hacer que la jornada laboral se extiende hasta altas horas de la noche.
Pero a pesar de esta dura rutina, Rodríguez y Letona decidieron recientemente afrontar nuevos retos. Él se encuentra evaluando un presupuesto municipal plurianual y estudiando sobre contratos de obras públicas. Ella, participa en talleres formativos sobre transparencia y buena gobernanza.
Urbano ahora medio bromea que dedica casi tanto tiempo a aprender sobre las finanzas de su ciudad como a cultivar sus campos. Lo hace por sus hijos: “Quiero que sus vidas sean mejores que las nuestras,” explica este padre de cinco hijos.
La región de Apurímac, donde viven Rodríguez y Letona, se encuentra en medio de un fuerte auge minero que está inyectando dinero a las arcas municipales. Su distrito, Coyllurqui, ha visto un aumento del 300 por ciento en los ingresos mineros —de $3 millones de dólares en el 2015 a $12 millones de dólares el año pasado.
Si se gestionan apropiadamente, los ingresos de la minería podrían crear nuevas oportunidades para la próxima generación de habitantes en este distrito de 8,000 personas. Estos recursos podrían financiar nuevas escuelas, carreteras y sistemas de riego.
Las concesiones mineras cubren al menos la mitad del territorio de Apurímac, la segunda región más pobre de Perú que tiene un tamaño equivalente al de Israel. La región alberga una de las minas de cobre más grandes del mundo y al menos otras cinco están actualmente bajo exploración.
Pero acusaciones de lavado de dinero y la mala administración de los ingresos mineros en algunas municipalidades han descarrilado el crecimiento económico y preocupado a la población. Expectativas incumplidas han provocado frustración. Algunos residentes también temen que las minas contaminen sus tierras o agua.
“Esta tierra es nuestra fortaleza”, dice Rodríguez. “Las mineras deben ser conscientes de que están extrayendo las riquezas de nuestra tierra. Si son responsables, podemos vivir en armonía. De lo contrario, puede traer conflicto.”
Construyendo resiliencia
Coyllurqui es uno de los siete municipios en la región donde IFC lanzó un programa de capacitación para funcionarios locales y comunidades para mejorar la gestión de los ingresos mineros. IFC desarrolló esta iniciativa a pedido del gobierno peruano al ver que Apurímac se transformaba en una de las regiones mineras más grandes del país.
Muchos de los líderes municipales carecían de experiencia en el manejo presupuestario o en la supervisión de grandes obras públicas. En las sesiones de capacitación, autoridades y funcionarios municipales aprendieron a mejorar sus prácticas de gestión de inversiones y desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, creando así confianza con las comunidades.
IFC también organizó una capacitación de líderes locales para que puedan participar activamente en los procesos de diálogo municipal. Una serie de talleres les ayudó a comprender mejor la planificación presupuestaria y financiera, para poder así vigilar que los ingresos de la minería se administren de manera responsable y los gastos municipales respondan a las necesidades de la población.
El trabajo de IFC en Apurímac se basó sobre una década de experiencias en programas de participación comunitaria y de gestión de inversiones en más de 50 municipios de Perú, Colombia y Bolivia. También se utilizaron lecciones aprendidas por IFC en África y Asia, donde los inversores entendieron que los proyectos mineros cuyos beneficios se distribuyen de manera justa en las comunidades tienden a ser menos vulnerables a conflictos sociales, a la renegociación y a la expropiación.
“Tradicionalmente, las empresas petroleras, de gas y mineras han invertido en lo que sucede bajo tierra”, dice Veronica Nyhan Jones, quien dirige el Programa de Asesoría de IFC para Infraestructura y Recursos Naturales. “Se enfocan en ingeniería o finanzas. En cierto modo, lo más complejo es lo que pasa sobre el suelo, las relaciones sociales. Estas pueden ser decisivas para un proyecto minero.”
Nyhan Jones explica que IFC solía dedicarse principalmente a proveer capital. “Ahora, se le da mucha más importancia a escuchar a las personas en todos los niveles de la sociedad”, agrega. “Queremos ayudar a las comunidades a fortalecerse, ser más resilientes y crear capacidad institucional. Ese es nuestro objetivo”.
El trabajo de IFC en comunidades cercanas a proyectos mineros se extiende más allá de Perú. En Costa de Marfil, Guinea, Mongolia y otros países, esto implica ayudar a los emprendedores locales a conectarse con las cadenas de suministro de las grandes empresas extractivas o reunir a distintos sectores de la sociedad para asegurar que todos tengan una voz sobre temas como el manejo de agua.
Imagen: Las concesiones mineras cubren la mitad del territorio de Apurímac, que es aproximadamente del tamaño de Israel.
Semillas de cambio
En una tarde reciente, Rodríguez caminó media hora hasta la alcaldía de Coyllurqui para asistir a uno de los talleres que han ocupado gran parte de su tiempo. El edificio amarillo de tres pisos, con una caja para comentarios y solicitudes titulada “pregúntale a tu municipalidad”, está situado frente a la plaza central, con un mercado de un lado y la iglesia al fondo.
“Antes de venir aquí, desconocía cómo se estaba gastando el dinero”, dice Rodríguez, que forma parte de un comité de ciudadanos encargado de hacer recomendaciones sobre gastos públicos y revisar la gestión presupuestaria de la ciudad. “Si uno no se informa sobre la administración pública, ¿cómo va a saber si las autoridades están haciendo lo correcto?”
Antonio Espinosa, un maestro de escuela, se unió al comité a principios de este año. Dice que desconfía de los representantes de la minería que “vienen y hablan bonito”, pero no cumplen con sus promesas. Proponer iniciativas para resolver las necesidades de su comunidad es una manera de darle “voz a la realidad de la gente,” agrega.
“No estoy a favor de la minería, no confío en ellos”, dice Espinosa. “Pero ahora quiero asegurarme de que atraiga desarrollo. En 20 años quiero que surjan profesionales de este pueblo”.
“Estamos tratando de sembrar una semilla aquí”, indica Marleny Pozo Sarmiento, asesora en contabilidad y presupuesto de Coyllurqui, con 20 años de experiencia en el gobierno municipal. “Queremos que los líderes de la comunidad participen del espacio que estamos creando. No tenemos miedo de ser transparentes”.
Financiado por el gobierno de Canadá, el programa de IFC también busca impulsar el potencial agrícola de Apurímac para que la minería sea un complemento, no una competencia para la agricultura de la región. El programa ha capacitado a familias agricultoras para aumentar su producción y establecer pequeños sistemas de riego. Hoy en día, invernaderos surgen en el paisaje para proteger a los tomates, la espinaca y a otros cultivos de las frías temperaturas andinas.
Los agricultores que participaron en el programa ahora cosechan una mayor variedad y cantidad de vegetales, y venden su producción en los mercados locales. En promedio, las familias que participan en el programa ganan $100 dólares al mes por sus ventas en el mercado, es decir, el doble que en el pasado. La nueva fuente de ingresos ha empoderado especialmente a las mujeres, que reportan ventas más altas que los hombres. Muchas de ellas están ganando dinero por primera vez.
Un futuro más allá de la minería
Los ingresos de la minería, aunque significativos, no serán por siempre. El trabajo de IFC en Apurímac y en otros lugares apunta a generar beneficios de largo plazo para las comunidades locales, y eso significa evitar una dependencia excesiva de la minería.
Ana Leyva, directora ejecutiva de CooperAcción, una organización de desarrollo comunitario con sede en Lima, explica que muchas comunidades “tienen una agenda a corto plazo” que se enfoca en ganancias inmediatas en lugar de invertir en programas sociales que traigan beneficios duraderos. “Tienen que imaginar un futuro más allá de la minería. Tienen que buscar un desarrollo más integro en el que ellos sean los protagonistas”.
En Coyllurqui, se abrieron escuelas nuevas en las comunidades periféricas. Los recursos mineros ayudaron a financiar la única Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente del área, que ahora cuenta con una psicóloga. El alcalde Leoncio Mendoza indica que no quiere atar el destino de su ciudad a las minas. En cambio, quiere utilizar los ingresos de la minería para crear empleos e ingresos a largo plazo.
La ciudad está invirtiendo en una nueva carretera que conectará comunidades agrícolas remotas a nuevos mercados y servicios.
La carretera, explica Mendoza, es “un triunfo” para la comunidad. “Debido a la falta de acceso, nunca pudimos hacer algo aquí”, dice Mendoza, parado entre excavadoras. “Con esta oportunidad de transporte, todo es posible”.
Mendoza tiene grandes planes para esta área. Escudriñando un barranco rocoso en las afueras de la ciudad, se imagina el día en que estará cubierto por un bosque de aguacates. Quiere exportar el cultivo a mercados internacionales como en India y China. Ya distribuyó miles de plántulas entre los agricultores vecinos.
“La minería no es todo. Los ingresos no duran para siempre”, dice Mendoza. “Si no invertimos en nuestra población, estaremos igual que ahora”.
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Publicado en noviembre de 2018
